Foto: IDL Reporteros
Osiptel que es la institución designada por el gobierno para evaluar y brindar una opinión independiente y cabal será la encargada de emitir un informe final que le dé al gobierno la posibilidad de conocer si renovar o no nuevamente la concesión por telefonía por un plazo de 20 años a la empresa española.
Sin embargo, según la investigación llevada a cabo por IDL dos de los cuatro funcionarios de Osiptel, encargados de evaluar y emitir esta opinión “independiente” han sido procesados judicialmente por un supuesto favorecimiento, irónicamente y aunque no lo crea, a la empresa Telefónica.
Se trata de los funcionarios Carolina Linares y Marco Antonio Torrey Motta. Pese a que ambos vienen siendo procesados, ninguno se inhibió de participar en el proceso.
Torrey Motta fue expulsado en 2009 del Consejo Directivo de Osiptel luego que existieran evidencias que probaran un acuerdo con el entonces vicepresidente de estrategia y regulación de Telefónica para votar a favor de una propuesta en la que se discutía el ajuste de las tarifas del servicio de telefonía fija.
En enero del 2010 el Ministerio Público denunció formalmente a Torrey Motta por haber concertado a favor de Telefónica. El 26 de abril de ese año la fiscal a cargo del caso amplia la denuncia e incluye además en la misma a Carolina Linares, la segunda persona que también deberá decidir el futuro de Telefónica en el Perú.
Pese al proceso en su contra Torrey Motta ha vuelto al Consejo Directivo de Osiptel, como si nada hubiera pasado y ahora él y Linares deberán decidir el destino de Telefónica en el país. De ese modo se manejan las cosas en el Perú.
Por si eso fuera poco la fiscal ha pedido cuatro años de prisión para cada uno de los acusados, además de inhabilitación por tres años.
También reclama una reparación civil de un millón de soles tanto de los procesados como de la empresa Telefónica del Perú S.A.A, a la que se ha declarado tercero civil responsable.
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